Editorial: Trump quiere que olvidemos las vidas que destruye. No lo dejaremos

El 6 de junio, a José Paulino González, que trabajaba en Ambiance Apparel, lo secuestraron con otras dos docenas de compañeros en el Distrito de la Moda de Los Ángeles.

A Joel Gutiérrez, único sostén de su familia, lo secuestraron el 4 de junio cuando iba camino a su trabajo en Phoenix.

Lázaro Suárez García, un cubano solicitante de asilo, fue secuestrado el 21 de mayo. Minutos antes, un juez de inmigración en Phoenix había desestimado su caso de inmigración.

En Blue Ash, Ohio, el futbolista hondureño Emerson Colindres, recién graduado de la preparatoria, fue secuestrado el 4 de junio.

Y el día anterior, en Tallahassee, Florida se llevaron a María Isidro, niñera y esposa de un predicador que llegó a Estados Unidos hace décadas desde México para tratar la condición médica de su hija mayor.

Estos son tan solo cinco de muchos inmigrantes que fueron detenidos durante las últimas dos semanas en las redadas migratorias de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)  en puestos de trabajo, las calles, a la salida de los juzgados y en instalaciones federales. 

Los detuvieron sujetos a menudo sin etiquetas o placas con su nombre, ni identificación de ningún tipo, que viajaban en en camionetas sin identificación ni licencia y negándose a dar toda información a sus seres queridos y ni siquiera a sus abogados sobre cómo encontrarlos.

Algunos de ellos ya fueron deportados sin el debido proceso, que significa una notificación y la oportunidad de ser escuchados por un juez que tome una decisión final sobre su caso.

Sus historias solo constituyen un vistazo a una nueva realidad que enfrentan muchas familias de inmigrantes latinos y en la que la administración Trump - resultado de la maquinaria de deportación con tintes racistas que el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller  implementó -  desató una violenta campaña que separa familias, desarraiga comunidades y destruye vidas.

A los familiares y seres queridos de los así secuestrados y que piden su liberación y retorno,  los están silenciando. De manera maquiavélica esta administración libra ataques incesantes contra nuestras comunidades. Steve Bannon, un ex asesor de la Casa Blanca dijo al Wall Street Journal que la "estrategia es inundar la zona para abrumar a la oposición".

Las protestas o "disturbios", como los grandes medios de comunicación los llaman, constituyen una expresión de rabia. Ejercen el derecho a la reunión pacífica, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Son una defensa contra la militarización de Los Ángeles, que el presidente Donald Trump impulsa sembrando sembrar el miedo, causando estragos y distrayendo la indignación pública por lo sucedido a estas víctimas de la agenda anti inmigrante y antilatina.

María, José, Joel, Lázaro y Emerson son símbolos de los rostros y las historias de miles más, de las que no debemos dejar de hablar, que debemos destacar en cada protesta, marcha y concentración, que debemos compartir con colegas, amigos y seres queridos.

Porque si eso fue lo que les sucedió a ellos, les puede suceder, y desafortunadamente, les sucederá, a muchísimos otros.

En un discurso dirigido a los californianos, el gobernador del estado Gavin Newsom criticó las redadas que “atacan indiscriminadamente a familias inmigrantes trabajadoras” y la militarización ilegal impuesta sobre Los Ángeles desde el viernes pasado.

“Esto no es la aplicación de la ley. Es autoritarismo”, dijo Newsom el martes. “Lo que más quiere Donald Trump es que le sean leales. Es que callen. Que sean cómplices de lo que hace. No capitulen, no se rindan ante él”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dio constancia de que  más de 51,000 personas permanecen detenidas por ICE. Es el número más alto desde septiembre de 2019, cuando el presidente era también Trump. Después de que la Casa Blanca exigió una cuota diaria mínima de 3,000 detenciones —contra el promedio diario de 600 hasta ese momento—, estas cifras están aumentando exponencialmente. Según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales, un proyecto de la Universidad de Syracuse, más del 40% de las 50,000 personas detenidas carecen de antecedentes penales, son más de 22,000 seres humanos comunes: camioneros, trabajadores de bodegas gracias a quienes usted recibe la entrega de su pedido el mismo día y a tiempo. Son los cuidadores a domicilio que se hacen cargo de sus hijos y de los ancianos. Son los campesinos que trabajan incansablemente para que haya comida en la mesa de usted; son los obreros de la construcción que construyen hogares donde nunca podrán vivir.

Históricamente, los líderes de este país han intentado inculcar la idea de que los inmigrantes son los culpables de la desigualdad y la inseguridad. Lo han hecho con la Ley de Naturalización de 1790, que excluyó a las personas no blancas de la lista de elegibilidad para la naturalización. Con la Ley de Seguridad Fronteriza Mejorada y Reforma de Entrada de Visas de 2002, que estableció el sistema de entrada de datos en los puertos de entrada. Y con la posterior creación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 2003. Han impuesto esa mentira a los estadounidenses comunes quienes, a causa de esa retórica extremista y nacionalista arraigada en el odio, prefieren temer y demonizar a su prójimo antes que escuchar su historia.

La verdad es que los inmigrantes son la columna vertebral de este país. Son ellos quienes construyen, aportan, contribuyen y prosperan. Quienes inspiran a las generaciones venideras a hacer lo mismo a su vez, pese a todos los problemas y las limitaciones que impone un sistema migratorio fallido.

Gracias a ellos, a su costo desgarrador y transformador, se está engendrando todo un movimiento. Es por eso que, mientras luchamos por la justicia y por el retorno del poder al pueblo, no debemos olvidar quiénes impulsan esa lucha.

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