En el Sur de California, dirigentes religiosos y gubernamentales apoyan a la comunidad inmigrante

En respuesta al profundo temor que aqueja a la comunidad inmigrante debido a las recientes  redadas y detenciones migratorias, la Diócesis de San Bernardino anunció la exención de la obligación de asistir a la misa de los domingos.

En un comunicado, el obispo de la diócesis Alberto Rojas reconoció el visible incremento en la aplicación de las leyes migratorias en la región.

“De manera indiscriminada, las autoridades detienen a hermanos y hermanas sin siquiera respetar su derecho al debido proceso, ni tampoco su dignidad como hijos de Dios”, dijo el Obispo Rojas en el comunicado. “Una vez más, aseguro a nuestra comunidad inmigrante, a quienes están sufriendo el trauma y la injusticia, que su Iglesia está con ellos y los apoya. Juntos llevamos esta muy difícil cruz”.

La iglesia, agregó, respeta el derecho de las fuerzas del orden de enfocarse en los delincuentes violentos para así proteger a la comunidad. Sin embargo, son las detenciones de personas en las calles, en su trabajo y en diferentes lugares públicos elegidos al azar las que están aumentando drásticamente.

“Al menos en un caso, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) entraron a una estructura que pertenece a la parroquia y procedieron a detener y llevarse a varias personas. Por supuesto que estas acciones generan un enorme temor, confusión y ansiedad”, declaró.

Condados buscan opciones

En la ciudad ciudad de Santa Ana, ubicada en el condado de Orange, el concejo municipal recientemente aprobó tres resoluciones para ayudar a la comunidad inmigrante que vive en el municipio. Por su intermedio, la ciudad exige que los funcionarios electos a nivel federal lleven al alejamiento de los agentes de ICE y a los militares que los acompañan de Santa Ana. También solicitan ayuda a los residentes que han sido afectados por las redadas migratorias y enfatizan el apoyo de la ciudad a la ley estatal SB 54, la Ley de Valores de California, que limita la cooperación de las fuerzas del orden locales y las unidades policiales migratorias. Finalmente, recalcan que Santa Ana se ha declarado ciudad santuario de todos sus residentes independientemente de su estatus migratorio, una resolución tomada ya en 2016. 

Asimismo, y amparándose en la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA) la municipalidad instruyó al Administrador de la ciudad que solicitara de ICE todos los registros relacionados con sus actividades de control migratorio en Santa Ana entre el 20 de enero y el 1 de julio de 2025.

El concejo también estableció un programa de asistencia de emergencia para las familias afectadas por las acciones migratorias por 100,000 dólares, tomados del presupuesto municipal destinado a eventos, pero sin tener que cancelar ningún evento.

Por su parte, Michael M. Vargas, alcalde de la ciudad de Perris en el condado de Riverside,  publicó un video en las redes sociales, indicando que ha recibido información sobre operativos de ICE en curso en la zona e instando a los residentes a mantenerse alerta y a conocer sus derechos. 

“No salgan de sus casas a menos que sea necesario. Quédense en casa y no le abran la puerta a desconocidos”, dijo Vargas. “Este mensaje tiene como objetivo concientizar a la comunidad para proteger su seguridad. La Ciudad está decidida a proteger la dignidad y el bienestar de todos nuestros residentes”.

En comentarios referentes al video, muchas personas alabaron las palabras pero dijeron que sin acciones éstas no sirven de nada. A la exhortación del alcalde a quedarse en casa, varios comentaron que si así lo hacen y no van a trabajar, los residentes no tendrán con qué pagar el alquiler de sus hogares ni las facturas mensuales. 

Otros propusieron que la ciudad establezca un grupo de trabajo de activistas que lleven a sus vecinos comestibles, que les presten ayuda para llevar a sus niños a las escuelas y que les brinden asistencia médica y los medicamentos que necesiten. 

Al día siguiente, la ciudad compartió enlaces de entidades locales y estatales que pueden suministrar recursos y ayuda a la comunidad inmigrante. Estas entidades sin embargo operan sin el apoyo financiero de la ciudad. 

En cambio, la Ciudad de Huntington Park aprobó en estos días el programa piloto “HP with You”, por el cual se propone ayudar a las familias inmigrantes en lo que necesiten, con un presupuesto asignado de 150,000 dólares.

Abogando por la paz

Por su parte, el obispo Rojas de San Bernardino hizo un llamado a los responsables de la toma de decisiones para que reconsideren las tácticas migratorias que están utilizando y les den fin, pidiéndoles asimismo que respeten los derechos humanos y la dignidad humana, y simultáneamente avanzar una reforma migratoria integral.

El obispo reconoció la labor de los activistas y su derecho constitucional a protestar. También llamó a los participantes en las protestas que se abstengan de insultos, de destrucción de propiedad y de ataques violentos contra otros. 

“La decisión del gobierno federal de desplegar tropas de la Guardia Nacional y unidades de los Infantes de Marina para reprimir estas protestas solo aumentó la tensión”, declaró Rojas. “En este momento, esas acciones incrementan el nivel de ira y el miedo a la violencia en las calles”.

Rojas recordó que el Papa Francisco le había dicho una vez que su mayor temor era la división entre las personas, y eso es precisamente lo que está sucediendo en este momento en el país.