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L.A. is the battleground. The Supreme Court is the ultimate goal. (Canva)

Soy el director ejecutivo de la Red del Centro de Trabajadores de Los Ángeles, uno de los demandantes en este caso histórico en el que entre varias organizaciones logramos que un tribunal federal emita el 12 de julio una orden temporal de restricción contra el DHS y ICE prohibiéndoles que sigan haciendo redadas migratorias indiscriminadas en el Sur de California. El tribunal dijo que el gobierno violó la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra búsquedas e incautaciones irrazonables.

Durante este proceso, he prestado mucha atención a lo que se estaba desarrollando en los tribunales, ya que este caso podría afectar a todos en este país e incluso reformar la interpretación de algunas de las enmiendas más importantes de la Constitución.

Al principio, pensé que los alegatos de los abogados del gobierno eran muy débiles y atribuí esa debilidad a su incompetencia. Es que sus argumentos fueron decepcionantes. Varios jueces criticaron la falta de fuerza y coherencia en sus acciones. 

También consideré que la audiencia en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito convocada por la apelación del gobierno fue positiva. Razoné que los jueces se habían preparado y que habían reconocido el grave daño causado por el gobierno. Más de una vez los jueces pusieron en evidencia la contradicción en el argumento del gobierno: negaba la acusación de comportamiento no razonable y simultáneamente defendía ese comportamiento. 

El panel de jueces también nos planteó algunas preguntas, especialmente si teníamos la autoridad para representar a todos los demandantes (standing) y si la ubicación por sí sola puede demostrar esa autoridad. Pero siempre hay más en la historia.

Déjame explicarte.

Tanto la audiencia inicial del tribunal inferior como la del tribunal de apelaciones pusieron de relieve algunos temas recurrentes. Uno de ellos me llamó la atención. El gobierno dijo que simplemente no había tenido tiempo suficiente para prepararse o reunir pruebas. Los tribunales no se dejaron convencer. Fue una excusa débil. No se trataba de que les faltara tiempo. El retraso del gobierno fue táctico. Estaban haciendo lo menos posible, solo los trámites mínimamente necesarios para comparecer. Mientras tanto, calladamente, empujan el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos.

¿Por qué no? Para ellos, California es el lugar ideal para esta prueba. La administración Trump ha alentado abiertamente a las agencias federales a que excedan los límites constitucionales, particularmente en los casos de inmigración. El mensaje fue claro: de la misma manera que California ha establecido repetidamente en el pasado precedentes jurídicos y políticos que aplican para toda la nación, la administración Trump hará lo mismo, llevando los casos ante la Corte Suprema.

Repetidamente, la administración ordenó a sus agencias que intensificasen sus esfuerzos, traspasaran los límites de lo legal y mostraran al país y al mundo que ellos son quienes controlan la situación. Y cada vez que los jueces confirman los derechos constitucionales de la población, ellos apelan, apelan, apelan. Este caso, entonces, no fue diferente. El objetivo del gobierno no era ganar la demanda en el Noveno Circuito, sino pasar el último escollo para luego obtener una decisión favorable y final en la Corte Suprema.

Si este intento tiene éxito, será una derrota para nosotros y los otros demandantes en este caso. Pero además, debilitará fundamentalmente las protecciones que concede la Cuarta Enmienda de la Constitución a millones de personas en todo el país. ICE realiza "patrullas itinerantes" (“roving patrols”) en los estacionamientos de las tiendas Home Depot, en áreas de lavado de autos, en las esquinas, y las paradas de autobus, allí donde sientan que podrían atrapar a algún indocumentado. Sin orden judicial. Sin causa probable. Sin sospecha razonable. Solo por el lenguaje de la persona, su color de la piel y en dónde se encuentra.

Lo que está sucediendo en Los Ángeles no es accidental. Es sistemático. ICE ha estado operando como quien incumple las normas secretamente hasta que lo  atrapan, permitiendo que sus agentes ignoren las salvaguardas constitucionales y que cuando nadie está mirando, violen las leyes si lo considera necesario.

Y aquí está la prueba: cuando se le preguntó al abogado del gobierno si detrás de las redadas había una política coherente, no lo negó. Solo dijo que simplemente el registro estaba incompleto. Pero esa no es una defensa legal, sino una táctica de estancamiento. A mi parecer, todo el proceso legal es un teatro diseñado con el propósito de perder en el camino para ganarlo todo al final. Si el caso llega a la Corte Suprema, las consecuencias podrían ser devastadoras.

Entonces sí, los tribunales son importantes. Sí, la Cuarta Enmienda todavía es muy importante. Pero recordemos que este es más que un solo caso. Se trata de determinar si la Constitución se aplica igualmente a todos, o solo a aquellos a quienes el gobierno decide que vale la pena proteger.

California y los residentes de la ciudad de Los Ángeles están en la primera línea de este combate.

Armando Gudino es el director ejecutivo de la Red del Centro de Trabajadores de Los Ángeles.

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