Activistas por los derechos de los inmigrantes elogian el fallo de la corte de apelaciones y prometen continuar la lucha

Para demostrar su apoyo por el fallo de una corte federal de apelaciones a favor de los inmigrantes indocumentados, el lunes se reunieron frente a las oficinas de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles  de Los Ángeles activistas locales de derechos civiles y laborales, jornaleros y miembros de la comunidad. 

Esta semana, en su decisión, el tribunal mantuvo vigente la orden temporal de restricción (TRO, por sus siglas en inglés) dictada días atrás por un tribunal inferior y que prohíbe que las dependencias federales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su agencia, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), continúen haciendo redadas migratorias indiscriminadas y arrestos en Los Ángeles y en general en el sur de California. 

Asimismo, el tribunal federal confirmó el fallo de la corte inferior que prohíbe que los agentes de inmigración detengan a personas con base en el perfil racial y sin sospechas razonables. 

El tribunal emitió este fallo el viernes, a pesar del intento del gobierno federal de anular la orden temporal de restricción (TRO) que había dictado el 12 de julio la jueza Maame E. Frimpong. El gobierno alegaba que la misma obstaculizaba el cumplimiento de la ley por parte de la agencia federal. 

El dictamen de la jueza Frimpong se dio en respuesta a una demanda presentada por vecinos del área, trabajadores y grupos de apoyo, entre ellos la Red del Centro de Trabajadores de Los Ángeles (LAWCN por sus siglas en inglés), el Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes. 

Los demandantes cuestionaron la práctica de presuntamente secuestrar y desaparecer a miembros de la comunidad utilizando prácticas ilegales de detención y arresto, y su confinamiento en una dependencia federal en condiciones ilegales, negándoles además el acceso a abogados. 

"Es una victoria histórica, no sólo para quienes estaban en las salas de la corte, sino para cada uno de los trabajadores del campo, los trabajadores de la confección y los jornaleros que fueron perfilados racialmente, detenidos, acosados o simplemente arrestados solo por existir", dijo Armando Gudino, director ejecutivo de LAWCN. "Quiero ser claro”, agregó, “ni ICE ni ninguna otra agencia de aplicación de la ley están por encima de la ley; la Cuarta Enmienda de la Constitución no se detiene en las puertas de un negocio de lavado de autos".

La Cuarta Enmienda protege a las personas de registros e incautaciones irrazonables y prohíbe que el gobierno registre sus pertenencias o tome sus propiedades sin una expresa y detallada orden judicial.

Como consecuencia del fallo el gobierno federal ya no podrá detener y arrestar gente solo por su apariencia racial o étnica, ni por hablar español o bien inglés con acento extranjero, ni por estar esperando en una parada de buses, o trabajando en un establecimiento de lavado de autos o haciendo trabajos del campo. 

El perfilamiento racial en las redadas de ICE que comenzaron el 6 de junio "es una muestra de intolerancia, pura y simplemente", dijo Chandra Bhatnagar, la directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California.

También participó en la conferencia de prensa “Pedro”, un residente de Pasadena que figura como uno de los demandantes contra el Departamento de Seguridad Nacional. El 18 de junio de 2025, mientras esperaba en una parada de autobús que lo vinieran a buscar para ir al trabajo, Pedro fue arrestado. 

“Cuando vine a este país, buscaba dignidad y seguridad para poder mantener, con honestidad y trabajo a mi familia. Pero lo sucedido en junio en Pasadena cambió para siempre mi vida”, dijo Pedro.

“Estaba en la parada como todos los días”, continuó el trabajador, “cuando sin previo aviso varias camionetas no marcadas aparecieron, varios hombres saltaron, me agarraron a mí y a mis compañeros de trabajo y nos llevaron como si fuésemos criminales, como si no fuéramos nada”.

A Pedro, que es diabético, los agentes lo llevaron al sótano del edificio federal en el centro de Los Ángeles, en un ala denominada B-18. Allí compartió una celda con otras 52 personas. No había baño ni dónde lavarse. “Solamente suciedad y miedo… La comida que nos dieron era algo inhumano, nada que una persona enferma pueda comer. Mi nivel de azúcar subió fuera de control. Tuve una infección ocular, pero no me dieron atención médica”.

Eso duró tres semanas. Finalmente, “me dieron libertad bajo fianza, pero el trauma continúa. Hoy no salgo de mi casa a menos que sea algo totalmente necesario”, explicó. 

Al dictar sentencia, dijo el abogado de la ACLU Mohammad Tajsar, los jueces expresaron sus dudas sobre la insistencia del gobierno en defender el perfilamiento racial. Mencionó un párrafo que escribieron los magistrados:  

"Si, tal como sugieren los defensores, las redadas y detenciones son respaldadas por sospechas razonables, ¿cómo pueden afirmar que sufren un daño irreparable por una orden judicial que previene redadas que no son respaldadas por sospechas razonables?”

Los jueces pusieron en duda la afirmación de los abogados del gobierno de que no estaban violando las leyes. “El gobierno dice que no ejerce el perfilamiento racial, pero está luchando contra esta orden que previene que se ejerza el perfilamiento racial. Pero nosotros sabemos la razón de su hipocresía”, dijeron. 

La victoria, dijo Tajsar, no es solo para los inmigrantes indocumentados, sino también para aquellos que viven aquí legalmente e incluso para quienes nacieron en Estados Unidos. 

“El gobierno federal, haciendo caso omiso de la ley, está arrestando a la gente independientemente de su estado migratorio. Tenemos muchos testimonios de quienes fueron sometidos a las redadas, y que tenían estatus legal o ciudadanía… No tenemos el lujo de ignorar este caso”.

“No soy solo yo”, continuó Pedro. “Esto es algo que le sucede a muchos de nosotros. Nuestras vidas son sagradas. Merecemos respeto”, agregó. “Yo quiero justicia, para mí y para todo aquel cuya humanidad fue ignorada”. 

Angelica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, dijo que las organizaciones comunitarias estarán vigilando las acciones del gobierno federal para asegurarse de que no estén violando el fallo de la corte de apelaciones y la orden de restricción temporal”. 

"El gobierno federal está obligado a acatar la orden de un juez federal de Estados Unidos”, dijo Tajsar. “Como abogados, nuestro trabajo incluye investigar todo caso en el que sospechamos que se viola la orden judicial, para dar conocimiento de ello al gobierno federal, y si fuese necesario, a la jueza. 

Angélica Salas hizo hincapié en el compromiso de la organización que encabeza de proteger a los inmigrantes. “Vamos a luchar este caso hasta el final. Nuestra movilización continuará en los tribunales, las calles, en los pasillos del gobierno. Como nación de inmigrantes, le recordamos al gobierno que pertenecemos aquí”. 

La próxima audiencia en este caso está programada para el 24 de septiembre de 2025.