
Dolores Huerta is leading the fight against the largest detention center in California. (Photo by Amairani Hernandez.)
El miércoles 31 de julio tuvo lugar en la ciudad de California City una manifestación de protesta contra la construcción de un nuevo centro de detención para inmigrantes que el estado de California propone establecer en el condado de Kern. Encabezó la protesta Dolores Huerta, el símbolo histórico de la lucha por los derechos civiles y las reivindicaciones de los trabajadores.
La protesta se suscitó después de que a principios de año, una de las mayores empresas privadas de prisiones y centro de detención, CoreCivic, llegara a un acuerdo con el Servicio federal de Inmigración y Control Aduanas, agencia mejor conocida como ICE. El contrato establece que la empresa transformará su centro en California City, con un cupo de 2560 presos, para uso migratorio.
En el condado de Kern operan en la actualidad dos centros de detención adicionales que sirven a ICE: el Golden State Annex, situado en la localidad de McFarland y el de Mesa Verde, en la ciudad de Bakersfield.
Según información publicada en el Los Angeles Times, ya en abril CoreCivic se había adjudicado un acuerdo por el cual recibía una inversión federal inicial por valor de 10 millones de dólares. Esta inversión, estipula el contrato, podría llegar a 31,2 millones de dólares en un período de seis meses. En ese lapso, la empresa y el gobierno seguirían negociando un contrato a largo plazo.
Rosa López, activista de la organización comunitaria local de ayuda a los inmigrantes Red de Respuesta Rápida del Condado de Kern, participó en una conferencia de prensa de emergencia convocada allí para alertar al público sobre el desarrollo del centro de detención en la ciudad. “CoreCivic, propietaria de esta prisión”, dijo López, “está actuando con la mayor rapidez para incumplir las leyes locales y estatales y abrir a la brevedad posible lo que será el centro de detención de inmigrantes más grande del condado de Kern y de todo el estado de California”, agregó.
La ciudad de California City, de poco más de 13,000 habitantes, está ubicada en el norte del Valle del Antílope, en el condado de Kern, y a unos 160 kilómetros al norte de Los Ángeles. El terreno propuesto para construir el nuevo centro de detención de ICE está a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad, en un área considerada como "en el medio de la nada". Según los activistas, el relativo aislamiento del centro podría llevar a que los detenidos vean limitado su acceso a representación legal, así como las visitas de sus familias y la atención médica adecuada. Esta ubicación, además, haría más difícil la supervisión de lo que suceda dentro de los muros del establecimiento por parte del público.

The facility is soon to be reopened as a private prison in California City. (Photo by Amairani Hernandez.)
En entrevista con CALÓ News, Dolores Huerta advirtió que muchos de los residentes de California City podrían ser víctimas de ataques a medida que CoreCivic incrementa su presión para que se abra el centro de detención.
“Estamos hablando de trabajadores agrícolas, de jardineros, de gente que trabaja en los hoteles, cuidadores a domicilio y niñeras. Sería algo muy negativo para la población de California City, y por eso no queremos este centro de detención aquí”, dijo Huerta. “Lo que queremos es que el Concejo Municipal cancele el contrato, que de cualquier manera dudamos que sea legal”, agregó.
Sarah Madrigal, una residente de California City, participó en la protesta contra la instalación del centro de detención. “Está mal que eso llegue a nuestra ciudad, en momentos en que nuestros residentes, especialmente nuestros niños, necesitan tanta ayuda”, dijo la vecina.
A menudo, detalló Madrigal a CALÓ News, la comida que se sirve a los niños en las escuelas está en mal estado. “He visto fotos de la comida y la leche; están descompuestos, y sé de muchos niños que prefieren tirar la comida a la basura en vez de comerla, porque no quieren enfermarse”, dijo.
California City, enfatizó Huerta, necesita numerosas mejoras de infraestructura y solución a los problemas de cuidado de salud. “No hay siquiera una farmacia aquí. El dinero que se gastaría en levantar ese centro de detención debería cubrir las necesidades de los residentes de California City. Tenemos que detener la apertura de ese centro de detención. No lo necesitamos y no lo queremos”, dijo la legendaria activista, de 95 años de edad.
Marcela Hernández es parte de la Red de Vigilancia de la Detención (Detention Watch Network), una organización nacional que defiende los derechos de los inmigrantes encarcelados, que es parte de la Coalición por la Detención Dignificada. Según ella, las empresas privadas de encarcelamiento como instituciones de detención de migrantes son mortíferas. Este año, informó, han muerto más de 13 personas en los centros de detención migratoria.
“Es la cifra más alta desde que inició la expansión de las cárceles migratorias. Hemos investigado lo que ya todos sabemos. Si lo construyen, tienen que llenarlo; si lo abren, tienen que llenarlo”, dijo Hernández. “En consecuencia”, agregó, “habrá más familias separadas y más gente obligada a firmar sus propias órdenes de deportación”.
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