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DHS Secretary Kristi Noem. (Photo by DHS)

 

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El gobierno federal, a través de su Departamento de Seguridad Interna (DHS) aumenta la presión para que los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de niños y cuya estadía legal está protegida por DACA, el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia se “autodeporten” voluntariamente.

Tricia McLaughlin, secretaria de prensa adjunta de la dependencia federal, dijo en declaraciones al medio NPR que "los extranjeros ilegales que afirman estar beneficiados por DACA no están protegidos automáticamente de las deportaciones". El programa, agregó, está lejos de ofrecer estatus legal de cualquier forma. Finalizó diciendo que cualquier persona beneficiada por el programa DACA puede ser arrestada y deportada en cualquier momento si es que cometieron un delito o por otras diferentes razones.

“Alentamos a todas las personas que se encuentran aquí de manera ilegal que aprovechen la oferta (de autodeportarse), lo que les reservará la oportunidad de que en el futuro puedan regresar a Estados Unidos de manera legal", finalizó McLaughlin.

La administración de Barack Obama creó DACA en 2012 con el propósito de proteger de la deportación a quienes entraron ilegalmente al país antes de 2007 siendo niños, y proporciona permisos de trabajo y el derecho a participar en los planes de seguro de salud llamados Obamacare.

Sin embargo, desde que asumió el cargo, y cumpliendo sus amenazas de deportaciones masivas durante la campaña electoral, el presidente Donald Trump ha ordenado la eliminación de varios programas de inmigración que a su vez fueron creados por administraciones demócratas mediante edictos presidenciales. A principios de 2025, el gobierno federal trató asimismo de eliminar los beneficios de los participantes en DACA a principios de este año, pero aún no ha cumplido con el requisito de modificar las regulaciones para dar fin al programa.

Ya en julio de 2021, un juez federal en Texas había determinado que el programa DACA "es ilegal", y dando la razón a los demandantes contra este beneficio migratorio, ordenó que se cancelara la estructura original de DACA creada en 2012. Por otra parte, ordenó al DHS que revise el plan y que siga consecuentemente los procedimientos legales adecuados, prohibiendo que el gobierno continúe o reinicie DACA sin ellos.

Para quienes se afiliaron a DACA para el 16 de julio de 2021, el tribunal suspendió la cancelación de las protecciones del programa. Al día de hoy los beneficiarios pueden solicitar la renovación de su estatus migratorio bajo DACA. El DHS puede aprobar o rechazar sus solicitudes basándose en las nuevas reglas.

Al 30 de septiembre de 2024, hay 538,000 beneficiarios de DACA en todo el país. El 28% residen en California, 17% en Texas, 5% en Illinois, 4% en Nueva York, 4% en Florida y 42% en otros estados. 

El 81% de los miembros de DACA provienen de México; 4% de El Salvador y 3% de Guatemala, según KFF, una organización de política de salud.

Dos meses atrás, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunció que negaría ciertos beneficios médicos de los participantes de DACA, determinando que ya no son elegibles para el mercado federal de atención médica creado por Obamacare. 

Y a principios de julio, el Departamento de Educación  anunció que estaba investigando a cinco universidades que ofrecen ayuda financiera a los beneficiarios de DACA.

Ya en marzo, la administración Trump había alentado a los inmigrantes a que se fueran del país de manera voluntaria y puso en funcionamiento la aplicación de autodeportación de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

A través de esta aplicación móvil, que originalmente fue creada por la administración Biden para facilitar las citas de asilo, el gobierno demanda de los inmigrantes indocumentados su información personal para que luego abandonen el país. A pesar de las afirmaciones de Kristi Noem, secretaria del DHS, de que la aplicación ofrece a los indocumentados la opción de potencialmente regresar legalmente en el futuro, no existen datos al respecto. 

La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto advirtió a las personas que sean cautelosas respecto a la entrega de documentación e información en la aplicación, porque, dijo en entrevista con CALÓ News, suena más que nada como una trampa. La promesa de Noem, agregó, parece poco realista y el reingreso no está garantizado. 

"Ninguna embajada de Estados Unidos permitirá el regreso legal de quien ha vivido aquí como indocumentado durante años", dijo la abogada Nieto. Por ello, las personas interesadas deben buscar asesoramiento legal y consultar con un abogado de inmigración experimentado.

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