El Consejo municipal de Los Ángeles decidió utilizará fondos del "impuesto a las mansiones" para pagar por los daños causados por los incendios

El Concejo Municipal de la ciudad de Los Ángeles presentó esta semana una iniciativa por la que utilizará unos 15 millones de dólares de los fondos del llamado "impuesto a las mansiones" para financiar un programa de asistencia de emergencia que ayudará a sobrevivientes de los incendios forestales de enero a alquilar viviendas.

Exactamente dos años después de la entrada en vigor de la Medida United to House Los Ángeles (ULA), en una votación unánime de los 14 presentes, el ayuntamiento solicitó al fiscal municipal, al Departamento de Vivienda y al analista legislativo jefe buscar las maneras de desgravar hasta 15 millones de dólares, y hasta el 10% en cada categoría de gasto del Fondo House LA, para apoyar a los sobrevivientes de los incendios. El concejal Curren Price no participó en la votación.

El segundo aniversario del "impuesto a las mansiones", se señaló en un evento que contó con la participación de líderes municipales y activistas comunitarios. La medida ha recaudado más de 632 millones de dólares que se destinarán para construir viviendas asequibles, proteger a los inquilinos y crear empleos en la construcción.

La moción fue presentada inicialmente el 29 de enero por las concejalas Traci Park y Heather Hutt y los concejales John Lee y Bob Blumenfield y se llevó a votación sin debate.

Como se sabe, el incendio de Palisades destruyó unas 7,000 estructuras, cobró la vida de 12 personas y quemó una gran parte del barrio de Pacific Palisades. Miles de residentes perdieron sus hogares. 

Los votantes angelinos habían aprobado la Medida ULA en los comicios de noviembre de 2022. Consta de un impuesto de 4 % sobre las ventas de propiedades cuyo valor supera los cinco millones de dólares y de 5,5 % cuando el valor de las propiedades es de más de 10 millones de dólares.

La medida aprobada dispone que estos ingresos se destinarán a 11 categorías de programas, que son: el desarrollo de viviendas multifamiliares; desarrollo de soluciones alternativas de vivienda; adquisición, preservación, arrendamiento, rehabilitación de viviendas asequibles; desarrollo de las oportunidades de adquisición de las viviendas; asistencia para el alquiler; prevención de desalojos; educación para inquilinos; protección contra el acoso a inquilinos y la formación de consejos de inquilinos.

El 70 % de los fondos disponibles están dirigidos a diversos programas de vivienda asequible, mientras que el resto servirá para financiar iniciativas para prevenir la falta de vivienda y el desamparo.

La Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis y la Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles, entre otros criticaron la medida, advirtiendo que de aplicarse tendría un efecto negativo sobre el parque inmobiliario de la ciudad.

Entre las elecciones y fines de febrero, ULA había recaudado un total de 632 millones de dólares. El Comité de Supervisión Ciudadana de la ULA - un panel de supervisión compuesto por 15 miembros - afirma que gracias a la asistencia para el alquiler suministrada con fondos de ULA, 11,000 residentes conservaron sus hogares. Asimismo, financiaron el inicio de las construcción de unas 800 viviendas asequibles, creando en el proceso varios miles de nuevos empleos.

Sin embargo, el director de la Coalición United to House LA, Joe Donlin, declaró al LA Daily News que no apoya la estrategia del consejo porque de aplicarse podría "desviar fondos administrativos esenciales, desencadenar un complejo proceso de revisión y hacer que la ciudad incumpliera la ordenanza".

Donlin sugirió una alternativa que permitiría actualizar los requisitos de elegibilidad para el programa existente que cuenta con $14.5 millones, para ayudar de manera directa a las víctimas de los incendios forestales.

La ciudad ya había tomado medidas similares, como ser las protecciones para inquilinos y la aceleración de las tareas de reconstrucción.

Este marzo, el Ayuntamiento rechazó una propuesta de los concejales Eunisses Hernández y Hugo Soto-Martínez, quienes solicitaban que se declarara una moratoria a los desalojos y la suspensión de los aumentos de alquiler para de esa manera ayudar a los residentes y trabajadores afectados económicamente por los incendios.

Con información adicional de City News Service.