
El congresista Robert García (CA-42) habla en una conferencia de prensa en Long Beach junto con representantes de organizaciones de defensa de la comunidad.
El congresista Robert García, que representa el Distrito 42 de California en el Capitolio, celebró esta semana una conferencia de prensa en la que informó sobre su reciente viaje a El Salvador. Junto con otros legisladores, García abogó por la liberación de Kilmar Ábrego García, el latino de 29 años que fue deportado debido a un "error administrativo" sin tener antecedentes penales.
A comienzos de mes, la Suprema Corte de Estados Unidos había dispuesto que la administración Trump debía “facilitar” el regreso de Ábrego García a Estados Unidos. Pese a la orden, el gobierno federal no ha hecho ningún esfuerzo adicional para facilitar el regreso seguro del deportado, ni siquiera después de la reunión del presidente Trump con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Oficina Oval el 14 de abril.
En su reciente viaje, el congresista García estuvo acompañado por los también congresistas Maxwell Frost (FL-10), Yassamin Ansari (AZ-10) y Maxine Dexter (OR-10). El grupo se trasladó de forma independiente y cubrió sus propios gastos después de que el republicano James Comer (KY-1), presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, rechazó su solicitud para que sea una delegación bipartidista oficial del Congreso (CODEL).
Según García tras llegar a El Salvador se les notificó "bien rápido" que no se les permitiría reunirse con Ábrego García.
"Estuvimos allí un día completo. Nos reunimos con el embajador de Estados Unidos, el personal de la embajada, el equipo económico, la familia de Kilmar, miembros de grupos de derechos humanos locales y los abogados", dijo García. También se reunieron con miembros de la prensa salvadoreña.
Este viaje pone de relieve las crecientes tensiones entre legisladores estadounidenses y el gobierno de El Salvador por el gobierno democrático y los arrestos consumados sin el debido proceso. Durante una reunión con la prensa el 22 de abril, García dijo que la situación es de una "crisis constitucional nacional".
"Esto jamás ha sucedido antes. [El presidente Trump] está cruzando una línea que pone en mi opinión en peligro a nuestro país, así como a nuestra Constitución y a nuestra democracia".
García estuvo acompañado por representantes de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Entre ellos estuvo Gaby Hernández, directora ejecutiva de Orale, un grupo de defensa con sede en Long Beach, quien criticó las políticas migratorias del gobierno federal, al que acusó de “criminalizar y desaparecer” a personas.
Lo sucedido a Ábrego García con el Departamento de Seguridad Nacional es solo un ejemplo de la situación dentro de las comunidades inmigrantes. “Es uno de los muchos cuyo debido proceso ha sido violado”, declaró. “Y cuando se violan los derechos de una persona, todos debemos alzar la voz, porque podríamos ser los siguientes”.
Aún no está claro los recursos legales que quedan a disposición de Ábrego García. Tampoco se sabe si se le permitirá regresar a Estados Unidos y cuándo. En todo el país, funcionarios electos piden su regreso sano y salvo y protestan por la privación de los derechos humanos derivada del enfoque de la administración Trump en la aplicación de la ley migratoria.
“El regreso de Kilmar va más allá del tema de la inmigración”, dijo el congresista García. “Es una historia de derechos humanos. Es la historia de nuestra Constitución”.
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