La comunidad pide a funcionarios de Oxnard $1 millón para enfrentar la crisis provocada por redadas de inmigración

Tras una serie incesante de redadas de ICE en todo el condado de Ventura, las consecuencias en Oxnard han sido inmediatas y devastadoras: niños abandonados sin guardianes, negocios luchando por cubrir turnos vacíos y familias destrozadas de la noche a la mañana. Ahora, miembros de la comunidad se dirigen al alcalde Luis A. McArthur y al Concejo Municipal con un mensaje claro: esta crisis no puede ser ignorada. Exigen liderazgo, transparencia y un plan concreto para proteger a los más vulnerables.

“Este martes 29 de julio, el pueblo de Oxnard se está movilizando y se dirige a la reunión del Concejo Municipal para exigir justicia,” dijo a CALÓ News Primitiva Hernandez, directora ejecutiva de 805UndocuFund. La organización moviliza recursos en momentos de crisis, brinda alivio financiero a corto plazo a residentes indocumentados y aboga por cambios sistémicos para garantizar que los inmigrantes estén incluidos en la mitigación, preparación, respuesta y recuperación ante desastres.

“La Ciudad de Oxnard ha permanecido en silencio ante una crisis humanitaria, sin brindar apoyo ni recursos a las comunidades inmigrantes e Indígenas devastadas por la reciente ola de violencia y redadas migratorias militarizadas en nuestra región,” agregó Hernandez.

En una carta colectiva liderada por la Coalición de Inmigrantes 805 y programada para ser entregada antes de la reunión del Concejo Municipal del 29 de julio, miembros de la comunidad exigen a los funcionarios locales que tomen una postura pública clara y contundente frente a las recientes redadas migratorias federales. En el centro de sus demandas está la asignación de al menos $1 millón en fondos de ayuda de emergencia—un salvavidas para las familias afectadas por el trauma de la separación y la inestabilidad económica.

Willie Lubka, director ejecutivo de Buen Vecino y miembro del comité directivo de la Red de Respuesta Rápida para Inmigrantes 805, dijo que la carta busca exigir responsabilidad. “El objetivo aquí no es criticar a nuestros funcionarios electos. Es recordarles que le rinden cuentas a la comunidad y motivarlos a actuar de una manera visible,” dijo Lubka a CALÓ News.

La Coalición de Inmigrantes 805 propone un plan de cinco puntos:

Fondos de emergencia: Asignar al menos $1 millón para apoyar con vivienda, asistencia alimentaria y servicios legales a las familias afectadas.

Recursos municipales para la respuesta comunitaria: Poner a disposición espacios públicos e infraestructura municipal para organizaciones comunitarias que brinden ayuda, clínicas legales y apoyo mutuo.

Condena pública de las redadas: Emitir una declaración formal denunciando las redadas de ICE y reafirmando el compromiso de Oxnard con la protección de sus residentes inmigrantes.

Plan de protección a largo plazo: Desarrollar un plan integral que incluya acceso a servicios de salud mental con enfoque en trauma, apoyo para la reunificación familiar y campañas de educación pública sobre Conozca Sus Derechos y preparación ante emergencias.

Acción legal: Unirse a la demanda federal de la ACLU que cuestiona la constitucionalidad de las redadas recientes y el uso de fuerza por parte de agentes federales.

El llamado a la acción surge ante la creciente preocupación de que las políticas actuales de Oxnard no son suficientes para proteger a sus residentes del daño causado por la aplicación de leyes migratorias. Aunque la ciudad se ha declarado “ciudad segura” y limita la cooperación policial con ICE a lo “requerido por ley federal,” según defensores, esas limitaciones siguen siendo poco claras y en gran medida no se aplican.

“Entre la comunidad, nuestras agencias policiales locales y las instituciones de gobierno, se siente que la gente ha sido abandonada,” dijo Lubka a CALÓ News. “Tenemos a esta gente agresiva corriendo por los vecindarios como pandilleros—sin control—rompiendo ventanas de autos, tirando gente al suelo, agrediendo, y nadie los hace responsables.”

Las redadas también han expuesto graves fallas en la red de apoyo social de la ciudad. En vecindarios donde muchos residentes no tienen estatus legal o viven en familias de estatus mixto, la detención de un solo adulto puede significar el colapso de todo un hogar. Sin acceso a ayuda pública, las familias luchan por pagar la renta, conseguir cuidado infantil y cubrir los costos legales. En algunos casos, hogares enteros han optado por esconderse—con miedo de buscar servicios, ir al trabajo o incluso abrir la puerta. En Oxnard, el impacto ha sido especialmente grave.

“La mayoría de las personas detenidas durante la redada en Glass House Farms en Camarillo eran residentes de Oxnard,” dijo Hernandez. “Más de 300 familias han sido separadas. Niños se han quedado sin padres. Adolescentes están criando a sus hermanos. Vecinos están cuidando a los hijos de otros. Esta es una comunidad en crisis—y el silencio de Oxnard es inaceptable.”

La coalición también insta a la ciudad a solidarizarse con otras comunidades de California que han adoptado posturas legales y políticas más firmes contra las operaciones de ICE. Al unirse a la demanda de la ACLU, Oxnard enviaría un mensaje claro: no permanecerá en silencio mientras agentes federales llevan a cabo redadas que, según defensores, son ilegales e inconstitucionales.

Mientras las redadas federales dejan cicatrices profundas en Oxnard, la pregunta para los líderes de la ciudad es contundente: ¿Estarán a la altura del momento o se esconderán en el silencio? Para las familias que han visto desaparecer a sus seres queridos en centros de detención, la falta de una respuesta fuerte ya no es tolerable.

“No permitiremos que el silencio sea la respuesta de la ciudad ante la injusticia. Exigimos acción. Exigimos responsabilidad. Exigimos justicia,” dijo Hernandez a CALÓ News.