Un expolicía desacreditado jugó un papel clave en la deportación de un maquillador gay

Un expolicía habría cumplido una función determinante en la errónea deportación de Andry Hernández Romero, enviado por la administración Trump a una prisión en El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. El deportado era un solicitante de asilo gay y de oficio maquillador. 

Según una investigación reciente del diario USA Today, el agente - que ya no es parte de la policía de Milwaukee - denunció a Hernández Romero como si fuese miembro de la pandilla porque tiene tatuajes. El expolicía ya había tenido problemas de credibilidad y disciplina. Finalmente, fue despedido luego de haber chocado contra una casa mientras manejaba en estado de ebriedad. Fue su testimonio el que selló el destino de Hernández Romero. 

La evidencia que el expolicía habría afirmado, confirmaban la membresía en la pandilla Tren de Aragua del inmigrante eran dos tatuajes en forma de corona con las palabras "mamá" y "papá", que han sido relacionados a esta agrupación delincuente. 

Hernández Romero carece de antecedentes penales y actualmente ha solicitado asilo en Estados Unidos debido a las amenazas creíbles de violencia que se profirieron en su contra en Venezuela por su condición LGBTQ+. Estas circunstancias llevaron a que el caso sea difundido ampliamente en toda la nación. 

El inmigrante fue atacado poco después de que Trump aplicara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que es una proclamación que habilita y exhorta a los agentes del orden a "aprehender, restringir la libertad, asegurar la detención y expulsar a todo Enemigo Extranjero".

Charles Cross Jr., firmó el informe que identificó erróneamente a Hernández Romero como pandillero cuando trabajaba como policía, pero fue despedido en 2012 tras numerosos incidentes relacionados con su credibilidad, al punto que sus testimonios presentados a la corte afectaron la credibilidad de todo el Departamento de Policía de la ciudad de Milwaukee.

Cross Jr. fue anteriormente investigado previamente por solicitar pago de horas extras pese a que no las trabajó. Según registros judiciales, además enfrentó en 2007 cargos penales por causar daños a la propiedad.

En marzo de este año, Álvaro M. Huerta, director de Litigios y Defensa del Immigrant Defenders Law Center, declaró al The Washington Blade que según «funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. Hernández Romero era miembro del Tren de Aragua, una pandilla con sede en Venezuela, con base a sus dos tatuajes y en la ausencia total de cualquier otra información. 

Andry Hernández Romero entró el año pasado al país y pidió asilo. Fue deportado junto con otros 237 inmigrantes venezolanos a El Salvador, Honduras y Venezuela. Muchos de los deportados fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT, por sus siglas en español). En esta mega prisión de máxima seguridad se cometen según numerosas acusaciones una cantidad de violaciones a los derechos humanos de los reos.

Los portavoces del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ofrecieron más detalles sobre el caso; sin embargo, afirmaron que el departamento no se contenta con utilizar solamente tatuajes para determinar la afiliación de los individuos a pandillas.

El caso de Hernández Romero es uno más en la ausencia de debido proceso en las acciones del gobierno federal contra inmigrantes, en momentos en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensifican las deportaciones en todo el país. 

Varias organizaciones, entre ellas la Campaña de Derechos Humanos han demandado del Secretario de Estado Marco Rubio y de la Secretaria de Seguridad Interna Kristi Noem, el cese de todas las deportaciones injustificadas y que tomen las medidas necesarias para garantizar el retorno al país de Hernández Romero. También piden que tal como lo exige la Constitución, el gobierno debe garantizar a todos los residentes en Estados Unidos, incluidos nacionales y solicitantes de asilo, el debido proceso legal.