Opinión: ¿Quién está comprando una posición en el Senado estatal?

Millones de dólares que vienen de intereses externos no quieren que Sacramento cambie. Están asegurándose de que no suceda.

Los multimillonarios saben que existe una demanda de un cambio. Si existe el riesgo de que una legislatura federal nueva vaya tras sus fortunas, les conviene asegurarse de que California, la economía más grande del país y su principal laboratorio de políticas públicas, se mantenga en una posición centrista y cautelosa, en lugar de adoptar posturas audaces y progresistas. Durante mucho tiempo California ha sido un lugar donde se ponen a prueba las ideas que miran hacia el futuro. Sin embargo, las corporaciones que han obtenido ganancias a costa del sufrimiento de las personas preferirían que California siguiera siendo el lugar donde esas ideas no progresen.

Prueba A: En el Distrito 26 del Senado estatal de California, grupos externos han gastado ya más de 8 millones de dólares para apoyar a Sara Hernández. Los votantes tienen todo el derecho de preguntarse qué esperan a cambio las personas que  están extendiendo esos cheques.

El mayor inversionista en esta contienda es Grow California, un comité de acción política (PAC) financiado por Chris Larsen y Tim Draper, inversionistas en criptomonedas, que ha destinado cerca de 4 millones de dólares a esta elección y se ha presentado abiertamente como una fuerza opositora al movimiento sindical organizado. California Leads, financiado inicialmente por Meta y Google, ha gastado cientos de miles de dólares adicionales.  Housing Providers for Responsible Solutions, financiado por intereses de propietarios de inmuebles y agentes inmobiliarios, ha gastado más de 400,000 dólares. A esto se suma un comité patrocinado por el salón de juegos de cartas California Commerce Club, con un fondo de dinero del Hawaiian Gardens Casino y ha aportado cientos de miles de dólares adicionales.

Criptomonedas. Grandes empresas tecnológicas. Propietarios de inmuebles. Casinos. Hay que preguntar qué tienen en común todos estos sectores. No es un interés compartido por el este y el noreste de Los Ángeles. Es un interés compartido en mantener las cosas como están: un estado dorado que siga siendo oro de 24 quilates para unos cuantos privilegiados, y oro falso para todos los demás; un estado que ofrece promesas vacías hechas por políticos y empresarios, mientras el sueño americano sigue siendo inalcanzable para cualquiera que no tenga ya una casa que vale varios millones de dólares y ahorros de siete cifras.

Nadie gasta 8 millones de dólares en una contienda por un lugar en el Senado estatal  en uno de los distritos más demócratas de Estados Unidos porque quiere una revolución. Lo hace porque cree que la candidata a la que respalda no amenazará aquello que le interesa proteger. Los propietarios de inmuebles quieren escuchar un «no» al control de rentas a nivel estatal, y Hernández se opone a derogar la Ley Costa-Hawkins y la Ley Ellis, dos leyes estatales que limitan hasta dónde pueden llegar las ciudades en materia de control de rentas.Las grandes empresas tecnológicas y los inversionistas en criptomonedas quieren escuchar un «no» a la implementación de un  impuesto sobre la riqueza de los multimillonarios. Cuando le preguntaron a Hernández, durante un foro en East Los Angeles, si apoyaba un impuesto de este tipo para compensar los recortes federales al sistema de salud, respondió que no.

Sarah Rascón, por el otro lado, apoya la derogación de ambas leyes de vivienda y respalda a  CalCare, un sistema de salud de pagador único que sacaría a las aseguradoras privadas del centro del sistema sanitario. Estos son los cambios profundos en las políticas públicas que realmente pondrían a prueba el poder de los intereses que hoy están financiando al otro bando.

Esta no es una historia aislada. CalMatters ha documentado más de 100 millones de dólares en gastos de grupos externos en las contiendas legislativas de este ciclo electoral, superando las cifras de 2024. El dinero no solo está entrando a  las elecciones al Congreso y a las contiendas más visibles en torno a iniciativas electorales, como la Proposición 40, que establece un impuesto extraordinario y por única vez a los multimillonarios. También está inundando los distritos de la Asamblea y del Senado, donde realmente se redactan las leyes sobre rentas, políticas de salud, protección laboral y regulación empresarial.

Los más ricos entienden algo que a muchos votantes nunca se les ha explicado: la legislatura es el lugar donde se defiende o se desmantela el statu quo.

Y basta con observar cómo están peleando. Si estos intereses pudieran ganar defendiendo abiertamente lo que quieren, lo harían. Pero nadie vota por «mantener las rentas sin regulación» o por «proteger a los multimillonarios de las criptomonedas». Así que el dinero no se utiliza para defender esas posturas directamente.

A principios de este año, en Chicago, fui testigo de cómo donantes vinculados a las criptomonedas, la inteligencia artificial (IA) y AIPAC, invertían millones de dólares en elecciones primarias a través de comités de acción política (PAC) llamados Elect Chicago Women y Affordable Chicago Now. Ningún anuncio defendía las prioridades verdaderas de quienes financiaban esas campañas. Los anuncios hablaban de «accesibilidad económica». Uno de ellos incluso utilizó la voz deteriorada del excongresista Bobby Rush para elogiar a una rival de la candidata a la que esos donantes temen. El objetivo nunca fue convencer a los votantes. El objetivo era confundirlos y desdibujar las diferencias entre las opciones.

Están utilizando exactamente la misma estrategia aquí, en California.. Los folletos electorales enviados a los votantes de este distrito, y financiados por Housing Providers for Responsible Solutions, intentan presentar a Sara Hernández como una candidata más progresista que Sarah Rascón. Los anuncios de radio en español, financiados por Grow California y transmitidos por todo el sur de California y hasta la región del Inland Empire, hacen la misma afirmación.Y no es verdad. Una candidata que se opone a derogar las leyes Costa-Hawkins y Ellis, que rechaza un impuesto a los multimillonarios, y que cuenta con el respaldo de los intereses económicos de propietarios de inmuebles, empresas de criptomonedas y casinos, no puede considerarse la opción más progresista de esta contienda, bajo ningún criterio honesto.

Llamarla así no es un argumento. Es simplemente una etiqueta, y quienes están pagando por ella cuentan con que tú no te tomes la molestia de verificar la información.

Le están apostando a que los votantes se encuentran exhaustos, y tienen una buena razón para hacerlo. Los votantes latinos y, francamente, los votantes de todos los orígenes, trabajan en empleos múltiples. Muchos pertenecemos a la llamada generación sándwich: ayudamos a nuestros hijos con las tareas escolares, llevamos a nuestros padres de la tercera edad  a sus citas médicas, ponemos comida en la mesa, mantenemos las luces prendidas y pagamos la renta.

Nadie tiene una hora libre en un martes por la noche para descifrar los nombres de los comités, rastrear quién los patrocina, y verificar la información de un volante electoral. Eso no es un fracaso de los votantes. Es precisamente así como se supone que debe funcionar un sistema diseñado para favorecer a quienes tienen los bolsillos más profundos. Los anuncios están diseñados para captar nuestra atención en tres segundos, porque conocer la verdad requiere mucho más tiempo.

Así que tomémonos ese tiempo. Leamos quién aparece como patrocinador en la parte inferior de los volantes. Preguntemos quién creó el comité y quién lo financía. Comparemos las posturas declaradas por las candidatas sobre el control de rentas y la atención médica. Preguntémonos por qué sectores que habitualmente se oponen a ambas medidas están invirtiendo semejantes cantidades de dinero en un distrito que tiene una mayoría clara demócrata. ¿Somos capaces de reconocer el juego que están jugando frente a nuestros propios ojos?

Detrás de todo esto hay una historia mucho más grande. En el siglo XIX, la Corte Suprema decidió que las corporaciones tenían los mismos derechos que las personas. En el siglo XX, determinó que gastar dinero en favor de causas políticas constituía una forma de libertad de expresión que no podía ser regulada. Llevamos muchísimo tiempo luchando para impedir que las corporaciones y los multimillonarios compren nuestra democracia.

Esto no se trata de Sara Hernández. La he considerado una amiga, y tengo amigos que la apoyan. Se trata de la necesidad de cuestionar el dinero que estamos viendo circular en esta contienda por la representación de una comunidad que es 60 % latina, donde el número de dueños de propiedades es más bajo, y los niveles de pobreza son más altos que en las zonas aledañas.La próxima senadora del Distrito 26 tendrá que votar sobre temas relacionados con las rentas, la atención médica, los derechos de los trabajadores, y el poder de las corporaciones. Los votantes merecen saber exactamente quién gastó millones de dólares para elegirla y qué intereses esperaban proteger quienes hicieron esos gastos.

Quienes únicamente podemos permitirnos hacer pequeñas donaciones, y no extender cheques con uno, dos o tres ceros a la izquierda de los centavos, debemos conservar el poder de hacer que esta, y todas las demás contiendas electorales, sean decididas por los votantes. No podemos permitir que los gastos electorales sin supervisión se conviertan en la norma. No podemos limitarnos a consumir pasivamente lo que vemos en televisión, escuchamos en la radio, encontramos en internet y las redes sociales, o recibimos por correo, sin preguntarnos quién está pagando por esa publicidad y qué espera obtener a cambio.

Si hacemos eso, las cosas solo van a empeorar.

La ola azul azotará en Washington D. C., independientemente de quién gane cualquiera de las contiendas legislativas estatales. Sabemos que aquellos que  tienen dinero y poder quieren conservar ambos. A esos grupos de poder y de intereses económicos les conviene comprar el respaldo de tantos candidatos y tantos espacios publicitarios como sean necesarios para mantener a California en una posición centrista.  Para mí, esa es razón suficiente para votar por una candidata democrática socialista como Sarah Rascón.