Activistas piden protección para los trabajadores de comida rápida en Los Ángeles, independientemente de su estatus migratorio

Angélica Hernández trabaja en McDonald's desde hace más de 20 años.

Esta residente permanente y vecina de Los Ángeles dice que trabajar para el gigante mundial de la comida rápida no ha sido nada fácil. “Sufrí el robo de mi salario. Sufrí acoso sexual. Me encargaban el trabajo de dos o tres personas”, declaró a CALÒ News.

Hernández solo es una de los 150,000 trabajadores de los restaurantes de comida rápida de Los Ángeles. Esta industria tiene un importante rol en la economía local en general y el sector alimentario en particular. La cantidad de empleados de comida rápida en California es de 630,000. La mayoría de ellos ignoran sus derechos. “McDonald's no nos informó de ellos”, dice Hernández. “Los conocía solo después de que me afilié a un sindicato”.

Hernández es miembro del Concilio de Comida Rápida de California, establecida en virtud de la Ley AB 1228, firmada por el gobernador Gavin Newsom el 28 de septiembre de 2023. La ley elevó el salario mínimo para los trabajadores de comida rápida a $20 por hora a partir de abril pasado. 

El concilio establece las directrices estatales de la industria de comida rápida. Se enfoca principalmente en los salarios, las condiciones laborales y la capacitación de los empleados. La semana pasada, Hernández junto con un grupo de trabajadores de comida rápida, cocineros, cajeros y funcionarios electos de Los Ángeles que se presentaron frente al edificio de la Municipalidad de LA, solicitaron que los concejales aprueben una nueva ordenanza que proteja a todos los trabajadores del sector, independientemente de sus estatus migratorios.

Se trata de la Ordenanza de Trabajo Justo en la Comida Rápida (Fast Food Fair Work Ordinance),del concejal Hugo Soto-Martínez. De ser aprobada, la moción hará obligatoria la capacitación "Conoce tus Derechos" para los trabajadores, ayudándoles a los empleados de todos los estatus migratorios a denunciar los abusos en el trabajo.

“[La ordenanza] hará que [los trabajadores] tengan horarios predecibles”, dijo Soto-Martínez a CALO News. “Muchos trabajadores de comida rápida ni siquiera saben cuándo van a entrar o salir de su trabajo; muchos de ellos ni tienen un horario fijo. No saben si será la semana que viene o dentro de dos”, agregó. “La ordenanza creará un espacio de capacitación en el cual se les informará de sus derechos”. 

“En este sector de la comida rápida existe mucho abuso, hay robo de salarios y es común la explotación de los trabajadores, además de una rotación masiva de personal. Para solucionar esta situación, lo primero que hay que hacer es asegurar que los trabajadores conozcan sus derechos”, expresó el concejal.

Esta ordenanza, explicó Soto-Martínez, también asegurará que se otorguen los días libres remunerados, las horas extras y otros derechos laborales, que a menudo se pasan por alto.

Los Ángeles sigue teniendo uno de los más altos índices de robo de salarios entre todas las ciudades del país. Soto-Martínez espera que conociendo esta realidad, sus compañeros en el Concejo municipal aprueben e implementen la ordenanza. 

Según “Lo que necesita saber sobre el robo de salario y las represalias”, un artículo publicado recientemente en CALÒ News, en los últimos tres años el Comisionado de Asuntos Laborales de California ha gestionado más de 70,000 reclamos salariales, lo que expuso la magnitud de las injusticias cometidas contra los miembros de la la clase trabajadora del estado. Como ejemplo, trae el caso del propietario de cinco locales de Wingstop en la ciudad de Bakersfield, que en 2024 convirtió a cada local en una corporación independiente, para poder pagar a sus empleados el salario mínimo, más bajo, previsto para pequeñas empresas con 25 empleados o menos.

“Este caso no fue inusual”, dijo a CALO News María Maldonado, directora estatal del Sindicato de Trabajadores de la Comida Rápida. “Los trabajadores de la comida rápida necesitan urgentemente conocer sus derechos especialmente en momentos como este, cuando existe una amenaza constante para los inmigrantes. Difícilmente acceden a vacaciones por enfermedad o tiempo libre, o que se les paguen las horas extras que han trabajado. Los empleadores se aprovechan de su desconocimiento”. El sindicato, de común acuerdo con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), publicó la semana pasada un informe en el que se afirma que casi dos de cada tres trabajadores de la industria (el 63%) ignoran que pueden presentar quejas, reclamos o demandas laborales, independientemente de su estatus migratorio.

Efectivamente, como afirmó Hernández, muchos de los empleados de McDonald's se abstienen de presentar quejas, porque temen ser despedidos por hacerlo y luego no poder encontrar otro trabajo o debido a su estatus migratorio.

“Al no informarnos sobre nuestros derechos, estas empresas multimillonarias quieren silenciarnos. Muchos de mis colegas son indocumentados, y aunque tengo papeles, también temo que las autoridades migratorias me detengan”, explicó Hernández. “Por eso estoy aquí hoy defendiendo a mis compañeros que no pudieron venir por temor a ser detenidos o a sufrir represalias”.

El informe, titulado "Nuestros Derechos Laborales: Inmigración y Derechos Laborales en la Comida Rápida", reveló los resultados de su Encuesta estatal de Trabajadores de la Comida Rápida de California de 2025. En el documento, 405 trabajadores opinaron sobre su experiencia trabajando en más de 200 locales de comida rápida de 35 marcas diferentes, como McDonald's, Jack in the Box, Carl's Jr., Burger King, Subway, KFC y Taco Bell, en 66 ciudades.

El 82 % de los encuestados confirmó que quienes están ansiosos por su estatus migratorio son menos propensos a presentar quejas sobre problemas laborales como robo de salarios, acoso y discriminación, o denunciar los riesgos para la salud y la seguridad inherentes a su trabajo.

Independientemente de su estatus migratorio, el 94 % de los trabajadores desconoce los beneficios y programas disponibles para ellos. Muchos temen que el empleador amenace su estatus migratorio. 

“Ese miedo es verdadero”, afirmó Maldonado. “Muchos trabajadores indocumentados tienen miedo de seguir luchando. Es por eso que estamos aquí”.

El informe indica que de los 630,000 en la industria de la comida rápida en California, 80% son personas de color, 60% son latinos y más del 25 % inmigrantes.

La capacitación laboral gratuita incluida en la moción de Soto-Martínez sería impartida por organizaciones independientes. Según declaró a CALÒ News, este detalle es crucial, porque precisamente no se puede confiar en que muchos empleadores proporcionen  información precisa y completa.

"No pueden recibir las capacitaciones de la misma persona que los explota", afirmó el concejal. "Un trabajador pierde cada año en promedio $1,800 solo en concepto de robo de salario. Eso es simplemente inaceptable".

La capacitación se adecuará no solo al idioma preferido por los trabajadores sino también a su cultura. "No será un video de 30 minutos en un iPad… Serán creadas para que la gente se sienta cómoda y dispuesta a hacer preguntas". 

Y como mensaje para la clase trabajadora de Los Ángeles, Hernández dijo: «No tengan miedo. Estamos protegidos y no estamos solos. Estamos todos unidos».